El Gobierno aprobó una norma de ciberseguridad inspirada en la de Estados Unidos, que restringe el uso de tecnología china en sus infraestructuras. La medida se aplica a equipos fabricados por empresas como Huawei.
La norma entra en vigor a partir de julio y exige que las entidades públicas reemplacen dispositivos chinos con alternativas certificadas. El objetivo es garantizar la seguridad de las redes gubernamentales.
Esta decisión sigue a un acuerdo bilateral firmado en 2023 con Estados Unidos, que busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros en sectores críticos. El Gobierno argumenta que la seguridad nacional exige una mayor autonomía tecnológica.
El anuncio surge tras una serie de preocupaciones sobre la seguridad de los sistemas informáticos públicos. Aunque no se han reportado incidentes, el Gobierno ha decidido actuar preventivamente.
La medida afecta directamente a empresas chinas, pero también a proveedores internacionales que utilizan tecnología china en sus productos. La implementación se realizará en etapas, con un plazo de 18 meses para completar el reemplazo.
