Congresistas de oposición presentaron una tutela judicial contra el decreto emitido por el presidente Abelardo de la Espriella, que regula las manifestaciones públicas. La medida busca cuestionar la legalidad del decreto, que limita la capacidad de los ciudadanos para organizar protestas. Varios legisladores han presentado demandas de nulidad, argumentando que el texto viola derechos constitucionales.
El decreto, aprobado recientemente, establece restricciones en la organización y participación en marchas, exigiendo permisos previos y limitando la movilidad en ciertas zonas. Los congresistas sostienen que estas normas suprimen la libertad de expresión y restringen la participación ciudadana. La Corte Constitucional fue notificada para revisar la constitucionalidad del decreto.
Este caso se suma a una serie de tensiones políticas en el país, donde la oposición ha denunciado un aumento de la centralización del poder. El presidente de la República ha defendido el decreto como necesario para garantizar la seguridad pública. La situación refleja un clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento, con el tema de la libertad de protesta en el centro del debate.
