El sistema político mexicano se basa en la decisión política para castigar a quienes cometen actos de corrupción, según un análisis publicado por Reforma. La publicación destaca que entre la conducta ilícita y el castigo siempre media una elección política, lo que refleja una estructura de poder donde la justicia penal no es independiente del control político.
El texto menciona que en México hay escándalos de corrupción suficientes para llenar un periódico, lo que sugiere una cultura institucionalizada de impunidad. La corrupción, en este contexto, no solo es un problema individual, sino que se convierte en un mecanismo de poder que se mantiene mediante decisiones políticas.
Este fenómeno no es nuevo en la historia política del país, sino que se ha mantenido a través de distintos gobiernos. La publicación subraya que el sistema no garantiza una aplicación justa de la ley, sino que depende de la voluntad política para actuar contra los casos de corrupción. Esto ha generado una percepción de ineficacia institucional y una pérdida de confianza en las autoridades.
