Estados Unidos revocó los visados de varios funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusándolos de corrupción y apoyo al narcotráfico. La medida, anunciada por el gobierno de Donald Trump, afecta a altos funcionarios y sus familiares directos, según la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue designado por Estados Unidos como figura clave en esta decisión.
La acción se produce tras observaciones previas de Estados Unidos sobre el uso de trabajo forzoso en Colombia y la corrupción en los países mencionados. El gobierno estadounidense sancionó a Mariaca y a otros bolivianos, revocando visados por actividades relacionadas con la corrupción. En Perú, la restricción afecta a funcionarios y a su círculo cercano, limitando su acceso al país.
La medida también incluye a funcionarios ecuatorianos y colombianos, quienes enfrentan restricciones similares. Estados Unidos justifica la decisión como una forma de proteger la seguridad nacional y la integridad del sistema democrático. La decisión ha generado reacciones en los países afectados, quienes han denunciado la intervención en asuntos internos.
Estados Unidos y China publicaron recientemente listas de productos con rebajas arancelarias, pero esta acción no está relacionada con el tema. La medida se enmarca en una política más amplia de restricción de visas a funcionarios extranjeros acusados de actividades ilegales.
