El gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones de visado contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusados de corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspiración contra sus gobiernos. Las medidas, publicadas por el Departamento de Estado, afectan a jueces, fiscales, funcionarios y otros altos cargos. Entre los sancionados se encuentra el fiscal general boliviano Roger Mariaca, magistrados peruanos como Juan Carlos Núñez Matos, y funcionarios de Colombia y Ecuador.
La política busca limitar el acceso a Estados Unidos a estos individuos y a sus familiares directos, bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las autoridades estadounidenses consideran que estas personas "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región". La medida se enmarca en una campaña contra la corrupción en América Latina.
La lista incluye a altos funcionarios, empresarios y representantes políticos. En Colombia, se mencionan un empresario y una senadora como parte de los afectados. Las restricciones se aplican a partir de la entrada en vigor de la política, que busca reforzar la seguridad y la integridad institucional en la región.
Las autoridades estadounidenses no han proporcionado detalles adicionales sobre las investigaciones que respaldan estas sanciones. La medida refleja una postura más dura contra la corrupción en los países vecinos.
