Estados Unidos ha decidido revocar visas a 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusados de corrupción o de tener nexos con el narcotráfico. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, forma parte de una política de restricciones migratorias que afecta a funcionarios públicos y jueces de estos países. Entre los nombres citados se encuentra el juez peruano Juan Carlos Núñez, quien fue investigado por decisiones judiciales que se consideran críticas al gobierno.
La acción se enmarca en los compromisos asumidos por Estados Unidos en la alianza Escudo de las Américas, que busca fortalecer la cooperación entre naciones para combatir la corrupción y el tráfico de drogas. La medida también incluye al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y a otros funcionarios de los cuatro países mencionados.
Las restricciones afectan tanto a ciudadanos como a sus familiares, lo que limita su movilidad en Estados Unidos. Esta política busca, según el gobierno norteamericano, presionar a los gobiernos latinoamericanos para que mejoren su combate contra la corrupción y el narcotráfico. La decisión ha generado reacciones en los países involucrados, quienes han señalado la necesidad de una cooperación más equitativa en asuntos internacionales.
