La propuesta del gobierno colombiano de construir diez megacárceles como medida para reducir el delito ha sido criticada por expertos que señalan que repite errores del pasado. Esta iniciativa, parte de un plan más amplio de seguridad, busca abordar el problema del hacinamiento carcelario, que afecta a miles de detenidos en el país. Sin embargo, analistas argumentan que no aborda las causas profundas del delito ni la sobrecarga de las cárceles.
El Plan Colombia, lanzado en los años 90, fue criticado por su enfoque en la militarización y la represión, sin lograr una reducción sostenible del crimen. Los críticos actuales sostienen que la construcción de nuevas cárceles no resolverá el problema, ya que no se aborda la falta de programas de reinserción ni la necesidad de reformas en el sistema judicial.
La decisión ha generado debate en el Congreso, donde algunos defensores argumentan que las nuevas cárceles permitirían un mejor control de la población carcelaria. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el enfoque actual no garantiza mejores condiciones para los presos ni una reducción real del delito.
La propuesta sigue en análisis, pero su impacto en la seguridad pública y en los derechos de los encarcelados sigue siendo incierto.
